En 2009, unas 3.000 personas solicitaron asilo en España, un 33’6% menos que en 2008. Ésta es sin duda la cifra más baja en la historia del asilo en nuestro país. Los países de origen de la mayoría de los solicitantes de asilo fueron Nigeria (459), Costa de Marfil (304), Colombia (247), Argelia (181), Guinea (130), R.D. Congo (113) y Camerún (112). 

Este descenso del número de solicitudes no se corresponde con las cifras de asilo en el mundo. Según ACNUR, en los países industrializados han pedido asilo durante 2009 unas 377.000 personas, la misma cantidad que en 2008. Los 27 países de la UE registraron 260.730 solicitudes el año pasado, un 10% más que las 238.080 solicitudes de 2008. Además, el bajo número de solicitantes de asilo en España tampoco se corresponde con el de los países de nuestro entorno. Francia recibió 47.625 solicitudes, un 35% más que en 2008. Grecia tramitó 15.925 peticiones de asilo, e Italia 17.470. 

¿Por qué no llegan refugiados a España? Ésta es una pregunta que las organizaciones sociales que defienden el derecho de asilo deben estudiar en profundidad, y que seguramente tiene varias respuestas. Una de ellas se desprende de manera evidente de las políticas aplicadas en los últimos años: la lucha contra la inmigración clandestina, que los Estados de la Unión Europea han convertido en prioridad y casi obsesión, tiene como una de sus víctimas al derecho de asilo. 

Porque, como bien ha señalado Naciones Unidas, las personas que necesitan protección internacional huyen de la persecución mezcladas con aquellas que emigran en búsqueda de trabajo. Y juntas llegan a territorio europeo, si es que pueden llegar en medio de los crecientes controles de fronteras. Las acciones de Frontex y los convenios bilaterales que han hecho de los países de origen y tránsito de migrantes enormes cárceles donde éstos quedan atrapados, impiden que lleguen a territorio europeo inmigrantes y también solicitantes de asilo. 

Las consecuencias de este control de fronteras se hacen especialmente evidentes en el sur de Europa, en territorio de operaciones de Frontex, donde han descendido en un 33% las peticiones de asilo (en Italia un -42%, en España -33,5%, Grecia -20% y Turquía -40%). Según ACNUR, los refugiados “no tienen oportunidad de pedir asilo en la UE porque las patrulleras los devuelven a la costa sin preguntarles si son refugiados”.

 Ante esta realidad, que se analiza en esta nueva edición del informe, CEAR y otras organizaciones piden que, independientemente de dónde y quién controle las fronteras, las prácticas de control fronterizo tengan en cuenta la identificación de personas que necesitan protección, y que se garantice la protección en los países de tránsito. 

Sólo 179 personas han obtenido estatuto de refugiado durante 2009. En el mismo periodo, pedían asilo 3.005 personas. Además de esos 179 reconocimientos de estatuto, 162 personas recibían protección complementaria, y 8 protección por razones humanitarias. El ministro del Interior firmó la denegación de la protección internacional a 2.288 personas. Si se comparan estos datos con los de otros países europeos se hace evidente que España se mantiene a la cola de Europa en la protección de las personas refugiadas: 

Durante 2009, Bélgica reconoció 2.425 estatutos y 480 protecciones subsidiarias. Francia, por su parte, concedió 3.910 permisos de residencia para personas refugiadas y 1.145 de protección subsidiaria. Italia otorgó protección a 8.440 personas (2.115 estatutos de asilo, 4.845 protecciones subsidiarias y 1.480 por razones humanitarias); Holanda protegió a 7.905 personas (695 estatutos de asilo, 3.270 protecciones subsidiarias y 3.940 por razones humanitarias); Suecia ha reconocido como refugiadas a 1.480 personas, concedido 4.970 protecciones subsidiarias y 640 por razones humanitarias; Alemania contaba con 8.155 estatutos concedidos, 405 protecciones complementarias y 1.205 por razones humanitarias; y Gran Bretaña había protegido a 8.350 personas (5.545 estatutos de asilo, 2.685 protecciones subsidiarias y 125 por razones humanitarias). Mientras, España deniega el asilo a más del 90% de las personas que lo solicitan. 

Los datos muestran que el acceso al derecho de asilo sigue siendo una asignatura pendiente. No sólo por el control de fronteras, sino por la ausencia de información adecuada en el aeropuerto del Prat; por la dificultad para entrar en Melilla y contar con intérpretes cualificados en idiomas asiáticos en esta ciudad (332 personas de origen asiático llegaron a Melilla en el 2009); o por el cierre de Ceuta basado en la colaboración de Marruecos y la vigilancia. De hecho, en septiembre de 2005 se entregó a Marruecos a varias personas que intentaron entrar en España. El país les expulsó a la frontera con Argelia dejándolos a su suerte en el desierto sin agua ni comida, como ya se había hecho anteriormente. En Ceuta hay que destacar la presión ejercida por la policía en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), con redadas de madrugada para proceder a expulsiones colectivas hacía países como Eritrea, Sudán o Somalia, donde las violaciones sistemáticas de los derechos humanos tendrían que disuadir de la posibilidad de expulsar personas hacía estos países. 

Al hablar de dificultades para acceder al derecho de asilo, no se puede olvidar a los polizones. En 2009 CEAR intervino en cinco casos. Continúa siendo preocupante el oscurantismo de los puertos y las dificultades para atender a polizones, tanto en Barcelona como en Valencia. La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado realizó gestiones para que dos polizones kurdos pudieran solicitar asilo en el puerto de Barcelona, aunque se les negó la posibilidad de bajar del barco y finalmente lo pudieron solicitar en Italia. Desde CEAR-Euskadi se presentó un recurso ante el juzgado de Pontevedra por haber denegado el derecho a asistencia letrada y de atención a dos presuntos menores de edad procedentes de Ghana que viajaban en el buque el Virana. 

Según una investigación realizada por CEAR durante 2009, alrededor de una de cada cuatro personas internas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tendría uno o más motivos para pedir asilo, una cifra veinte veces superior a la del número de personas que lo hacen. Lo que deriva en una conclusión sin duda preocupante: frente al discurso que dice que hay abuso del derecho de asilo por los extranjeros en situación de internamiento, discurso que se plasma en el reducido número de solicitudes admitidas a trámite, la investigación demostró lo contrario: la existencia de personas que habían sufrido graves violaciones de derechos y que expresaron un riesgo potencial para su vida en el caso de una devolución o expulsión a su país de origen, pero a quienes no se había informado de la posibilidad de solicitar protección internacional. 

En el 2009 solicitaron asilo ante embajadas españolas sólo 83 personas. Cada vez con mayor frecuencia nuestras representaciones en el extranjero se están convirtiendo en fortalezas, en numerosas ocasiones imposibles de franquear, especialmente en determinados países de África Subsahariana y de América del Sur. También se han dado casos en los que el propio personal de la representación desconocía el procedimiento para la tramitación de una petición de asilo. Con la aprobación de la nueva ley de asilo, el derecho de acceder al procedimiento de asilo en las embajadas desaparece para pasar a convertirse en posibilidad en manos del embajador o cónsul. 

En 2009 el porcentaje de solicitudes de asilo admitidas a trámite, un 49,22%, ha disminuido ligeramente con respecto al año anterior, cuando el porcentaje de admisiones a trámite fue del 49,22%. De 581 solicitudes de mujeres y hombres nigerianos, fueron admitidas 155 e inadmitidas 426, es decir, un 73,32%. De las 345 solicitudes de Costa de Marfil, 176 fueron admitidas frente a las 169 inadmitidas (48,99% de inadmisiones). Y de las 280 solicitudes de ciudadanos de Colombia, 147 fueron admitidas y 133 inadmitidas a trámite (47,5% de solicitudes inadmitidas a trámite). Las personas procedentes de Nigeria y Marruecos tuvieron más dificultades para que sus solicitudes de asilo superaran la primera fase del procedimiento con un 73,32% y 72,15%, respectivamente, de solicitudes inadmitidas a trámite; al contrario que los residentes de los Territorios Ocupados de Palestina, con un 7,14% de solicitudes inadmitidas (4 de 56). 

La mayoría de las inadmisiones se producen al considerar las autoridades que el solicitante no alega ninguno de los motivos que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado, o porque la solicitud se basa en hechos, datos o alegaciones inverosímiles o falsas. Ante esta realidad, la vía judicial se convierte en una importante salida. Durante el año 2009, se presentaron 779 recursos judiciales contra las resoluciones desfavorables de asilo. En 2009 se presentaron 1.036 recursos contra las resoluciones de inadmisión a trámite del Ministerio de Interior, inadmisiones que en varias ocasiones se producen en contra del criterio de ACNUR. 

El informe analiza el divorcio que entre el discurso y la práctica se sufre respecto a la persecución por motivos de género. Si bien la nueva ley de asilo recoge la protección en este caso, subordina el reconocimiento del estatuto de refugiado a un concepto jurídico indeterminado, las “circunstancias imperantes en país de origen” (artículo 7.1.e), lo que supone no reconocer plenamente que  esa   persecución constituya por sí misma una violación de derechos. 

Durante el primer semestre de 2010, la política comunitaria de asilo ha estado pilotada por España desde la presidencia de la UE. No ha sido una presidencia con grandes novedades, ya que las grandes líneas políticas de actuación se establecieron en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, acordado en octubre de 2008. Numerosas denuncias, nacionales e internacionales, se han dirigido a las autoridades griegas por su política de asilo, en la que el control de fronteras prevalece sobre el respeto de los derechos humanos hasta unos niveles que ha provocado el rechazo expreso del ACNUR. Durante 2009, el gobierno español tramitó varios procesos de extradición contra tres refugiados kurdos, a pesar de su condición de asilados en la UE, lo que, de llevarse a cabo, hubiera incumplido la prohibición de expulsión y devolución, el denominado non refoulement. Estos ejemplos, que se analizan con detalle en el informe, son una muestra de la debilidad del proyectado Sistema Europeo Común de Asilo, al ofrecer cada país miembro de la UE un tratamiento muy distinto para unos mismos hechos. 

La UE acoge a un porcentaje muy pequeño de refugiados a nivel mundial. Si hablamos, por ejemplo, de reasentamiento, en 2008 hubo 120.000 solicitudes de reasentamiento en el mundo, de las cuales sólo 65.596 fueron atendidas y de ellas sólo un 6% en los Estados miembros de la UE. España, de acuerdo con la nueva Ley de Asilo y en el marco de su presidencia de la UE, ha tomado la iniciativa para la creación de un programa de reasentamiento que comenzaría en 2010 con 75 personas; este compromiso continúa siendo pequeño en relación al peso de España en la UE y en el mundo, en comparación con los programas de otros países de su entorno como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Portugal, Francia, Rumania, República Checa o, mas recientemente, Alemania, Bélgica, Italia y Luxemburgo, que se han comprometido a aceptar refugiados iraquíes procedentes de Siria y Jordania. 

Las políticas públicas de integración de los refugiados han estado marcadas por graves recortes de fondos económicos. En 2009, cuando el control de fronteras y la precariedad del mercado laboral han generado un descenso de la llegada de personas a nuestro país, los dispositivos de acogida de emergencia e integración se han ido desmantelando, a la vez que se han incentivado los programas de retorno en detrimento de programas orientados a la integración y  lucha contra el desempleo y la discriminación. A esto hay que sumar el anunciado recorte para 2010 del Fondo de Acogida, que si bien en 2009 sumaba 200 millones de euros para las comunidades autónomas, va a disminuir alrededor de un 65%. 

A través de la intervención realizada por CEAR se constatan los numerosos casos de personas que durante este año han vuelto a recurrir a la entidad para solicitar apoyo después de años de autonomía. En el informe se analiza la situación en el País Vasco, donde los usuarios y usuarias están teniendo muchas dificultades para acceder a las prestaciones sociales porque se está solicitando a las personas refugiadas que les sea expedido en su país de origen un certificado de su país de origen de los bienes que en el mismo poseen, con el riesgo y casi siempre la imposibilidad para hacerlo, ya que los solicitantes de asilo se ven en la obligación de solicitar dichos certificados a las embajadas o administraciones del país perseguidor. Se analiza también la intensificación de los controles policiales en varias comunidades autónomas contra las personas de origen extranjero. Todas ellas, incluidas las personas solicitantes y refugiadas, se sienten víctimas de una persecución constante por el hecho de ser extranjeras, lo que evidentemente hace más difícil la integración y la cohesión social. 

En cuanto a la integración laboral, si bien es cierto que durante 2009 algunas comunidades autónomas han suprimido las restricciones para inscribir a los solicitantes de asilo en los servicios públicos de empleo, siguen existiendo irregularidades y un endurecimiento en los requisitos de acceso a la formación y los servicios. En el desarrollo de las acciones de intervención se han encontrado muchas dificultades para el acceso de solicitantes de asilo y refugiados a los cursos de formación ocupacional porque, a la imposibilidad de conseguir en muchos casos los títulos académicos que exigen la administración o las academias privadas que realizan dicha formación, se unen nuevos. A pesar de la imposibilidad de tener cifras oficiales, CEAR ha constatado durante todo 2009 las dificultades que atraviesan en el actual contexto socioeconómico las personas solicitantes de asilo y refugiadas, porque en una amplia mayoría se incorporan al mercado laboral al amparo de la ley de extranjería, ya que las solicitudes de asilo son rechazadas casi en un 95%. A lo largo de 2009 se constata la falta de ofertas de empleo en sectores ocupados tradicionalmente por solicitantes de asilo y refugiados y que son los más perjudicados por la crisis (construcción, hostelería y otras áreas del sector servicios).