Los centros de detención secretos se expandieron por todo el mundo en una red de complicidades internacional.

Un detallado documento debatido en la ONU, que no fue rechazado de plano por ninguno de los países involucrados, confirmó el empleo de cárceles clandestinas en la lucha contra el terrorismo liderada por Estados Unidos, que hasta ahora era un secreto a voces. La detención secreta de personas ya había sido parte de los crímenes contra la humanidad cometido en los años 70 y 80 por las dictaduras de América Latina. Pero el método se expandió hacia otras regiones con el lanzamiento por parte del gobierno estadounidense de George W. Bush de su guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Además de esos centros de detención, los mecanismos de represión al terrorismo utilizados por los estados también incluyeron desde 2001 la práctica de "entrega extrajudicial", que consiste en trasladar a presuntos terroristas a otros países donde pueden ser torturados.

El informe, encomendado por la Organización de las Naciones Unidas y elaborado por cuatro expertos independientes del foro mundial, expone en detalle los aspectos de esas actividades ilegales y también de los vuelos organizados para desplazar a los supuestos terroristas, con escalas en numerosos estados cómplices.

Se trata de un documento importante porque recoge en una sola pieza una información que se conocía desde hace tiempo, pero de manera fragmentada y concentra su atención en demostrar el alcance de la detención secreta como un problema mundial y también como un asunto real de este momento.

Los autores del documento fueron el finlandés Martín Scheinin, relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el austriaco Manfred Nowak, relator sobre la tortura, la paquistaní Shaheen Ali, vicepresidenta del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, y el sudafricano Jeremy Sarkin, presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas.

El informe de los expertos de la ONU asegura que son muchos los estados que recurren a la detención secreta de personas, aduciendo intereses de seguridad nacional que a menudo se ven como amenazas o emergencias sin precedentes o se presentan como tales.

El derecho internacional prohíbe claramente la detención secreta, que infringe varias normas de derecho humanitario que no admiten excepción en circunstancia alguna, sostiene el documento que examinó el Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano político en esa especialidad de la ONU, como subrayó intencionadamente Scheinin.

El empleo de la detención secreta equivale en la práctica a sustraer a los detenidos del marco legal y dejar sin sentido las garantías que establecen diversos instrumentos internacionales, en particular el recurso de hábeas corpus, reflexiona el informe.

Los expertos recomiendan la prohibición expresa de la detención secreta, junto con cualquier otra forma de prisión no oficial.

Hay que llevar registros de detención inclusive en tiempos de conflicto armado como exigen los Convenio de Ginebra, que establecen el tratamiento debido a los combatientes y a la población civil en caso de guerras.

Scheinin se mostró satisfecho por la reacción del Consejo y comentó que según su opinión ha salido mejor de lo esperado y puntualizó que el informe ha sido controvertido, pero ahora parece que existe el reconocimiento de que el tema es lo suficientemente serio para no trivializarlo con obstáculos procesales.

El experto resaltó que algunos países enfrentados originalmente al informe, como Egipto, se abstuvieron de hablar en el debate. Otros manifestaron sus puntos de vista en tono más fuerte, como los casos de Siria, Rusia y de Argelia, que habló en nombre del Grupo Africano. Ciertos países, como Etiopía, China, Nepal y Canadá, expusieron casos muy específicos.

En cuanto a Estados Unidos, mencionado profusamente en el informe junto a su Agencia Central de Inteligencia (CIA) por sus políticas antiterroristas posteriores al 11 de septiembre de 2001, la experta Ali estimó que su delegada, la embajadora Eileen Donahoe, respaldó el informe aunque expresó algunas preocupaciones por la metodología empleada en su elaboración.

Scheinin señaló que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha fracasado en su intención proclamada, apenas asumió el cargo en enero de 2009, de clausurar el centro de detención de Guantánamo, la base naval que ese país posee en la isla de Cuba.

Desde el punto de vista del derecho internacional, eso significa que Washington sigue violando sus obligaciones de derechos humanos al no haber cerrado esa prisión ni tampoco haber sometido a juicio a las personas allí encarceladas, agregó.

Sin embargo, el experto manifestó que comprende la situación política interna en Estados Unidos. El gobierno es incapaz de hacer algo porque los legisladores le prohíben apelar a las opciones disponibles. La presión se trasladó ahora a los esfuerzos por comprometer a terceros países para que reciban a los detenidos en Guantánamo, indicó.

La lista de países y territorios mencionados en el informe de la ONU es muy extensa en cuanto a los diferentes grados de participación o complicidad en los casos de detención secreta, de entrega de prisioneros o de facilitación de vuelos de traslado.

El documento menciona en algunas de esas violaciones a Tailandia, Polonia, Rumania, Afganistán, República Checa, Uzbekistán, Marruecos, Lituania, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Siria, Pakistán, Iraq, Jordania, Egipto, Etiopía, Yibuti, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Italia y la ex República Yugoslava de Macedonia.

No es un problema, como algunas delegaciones parecieron sugerir, que compromete a sólo a ciertas naciones. Involucra a muchos, con la complicidad de muchos servicios de inteligencia y de policía, apuntó Splinter.

El documento dedica numerosos párrafos a describir el principal antecedente de los actuales abusos de detenciones secretas, como fue la coordinación en los años 70 y 80 entre dictaduras de América del Sur en el llamado Plan Cóndor, que involucró principalmente a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con conocimiento del gobierno de entonces de Estados Unidos.

Silvia Cao, representante de Argentina, recordó que la dictadura de su país llegó a retener ilegalmente a 14.500 personas en centros clandestinos, que eran verdaderos campos de concentración y cuya existencia el régimen negó permanentemente.

Argentina se declara profundamente preocupada porque la detención secreta sigue siendo aplicada en diversas partes del mundo, con múltiples pretextos, como el estado de emergencia, las guerras internacionales o la lucha contra el terrorismo en el mundo entero.

Por su parte, Lourdes Boné, delegada de Uruguay, expuso que los centros de detención secreta, así como los abusos a que se prestan a veces las declaraciones de estado de emergencia, las prácticas de detención arbitraria y la desaparición forzada de personas fueron recurrentes en su país en tiempos de la dictadura cívico-militar.

Detalles del informe encargado por el presidente Obama

Sólo un 10% de los presos retenidos en el penal de Guantánamo eran "líderes, activistas, o facilitadores implicados en atentados contra los EEUU", según revela el informe detallado que encargó el presidente Obama al ser investido sobre todos y cada uno de los reos.

El documento, que ha sacado a la luz pública el 'Washington Post' gracias a una filtración, aconseja que 36 de los cerca de 180 presos que aún permanecen en la base sean juzgados en una corte penal o militar, y otros 48 encarcelados de forma indefinida.

Según informa el 'Post', el documento fue terminado a principios de enero, pero no ha sido enviado a los congresistas hasta fines de mayo, probablemente porque la administración no quiso abrir el debate, justo después del intento de atentado del día de Navidad.

Su elaboración correspondió a una comisión especial, con la que colaboraron más de 60 profesionales, entre agentes de policía, analistas de inteligencia, y fiscales.

En sus recomendaciones, la comisión establece en 126 el número de presos que deben ser deportados a sus países de orígenes, o transferidos a terceros países.

Entre ellos, figura un grupo de unos 30 reos yemeníes cuya repatriación ya ha sido aprobada, pero se está a la espera que la situación de seguridad en Yemen mejore para hacerla efectiva.

"Hay que enfatizar que la decisión de aprobar su transferencia no significa que el detenido no represente riesgo alguno ... pero se considera apropiado en vista a sus limitadas habilidades, rol organizativo menor, u otros factores", reza el texto.

Sin duda, el elemento más polémico del informe es su recomendación de mantener a 48 personas entre rejas de forma indefinida y sin juicio.

Esta posibilidad ha sido duramente criticada por las organizaciones de Derechos Humanos, e incluso el propio Obama cuando era candidato. Sin embargo, unos meses después de acceder a la Presidencia, el líder afroamericano dio señales que había cambiado de opinión.

La justificación que ofrece el informe es que en el momento de su captura, el objetivo de los soldados estadounidenses "era la recogida de inteligencia", no de evidencias que pudieran ser utilizadas en un juicio. Además, asegura que todos ellos "continúan significando un alto riesgo" de realizar ataques contra los EEUU si son liberados.

Además del 10% de implicados en atentados contra los EEUU, un 20% tenía un rol relevante en Al Qaeda o alguno de sus grupos afiliados, y menos del 10% eran líderes talibanes. Así pues, la mayoría de reos eran soldados rasos del Ejército talibán.

De acuerdo con el informe, que analiza en detalle toda la información disponible de todos y cada uno de los presos, antes de que Obama ordenara la revisión de todos los casos, existían más de 1.000 evidencias sobre los reos que no habían sido sistematizadas.

La publicación del documento llega en pleno pulso entre el Gobierno y el Congreso respecto al futuro de Guantánamo, y tiene como objetivo demostrar que se ha hecho un análisis concienzudo de cada reo.

Cada vez hay más congresistas opuestos al cierre de Guantánamo, mientras la Administración sostiene que su clausura es clave para mejorar la imagen externa de los EEUU.

En una reciente votación, la Cámara de Representantes declinó proporcionar a la Casa Blanca los fondos requeridos para habilitar una prisión federal de Illinois, donde Obama deseraría reubicar a los presos.

[Fuente: IPS, Ginebra y diario El Mundo, Madrid, 03jun10]

iv) Japón confirma que hubo pactos secretos con EE UU durante la Guerra Fría.

El Ministerio japonés de Exteriores ha admitido hoy por primera vez la existencia de pactos secretos con Estados Unidos (EE UU) durante la Guerra Fría. Durante décadas los gobiernos del Partido Liberal Demócrata (PLD) de Japón lo habían negado. Pero la llegada del Partido Democrático (PD) al gobierno el pasado septiembre lo ha cambiado todo. Estos pactos abordaban desde el paso de armas nucleares por Japón hasta el uso de las bases militares de EE UU en el archipiélago sin consulta previa.

La existencia de estos acuerdos ha sido confirmada hoy por una comisión especial creada por el Gobierno del Partido Democrático (PD) en septiembre, 10 días después de su llegada al poder tras una histórica victoria electoral. El PLD gobernó Japón de forma casi ininterrumpida durante los últimos 55 años y siempre habían negado que hubiera cualquier acuerdo no reveladocon Washington. El ministro japonés de Exteriores, Katsuya Okada, ha sido el encargado de presentar hoy las conclusiones de la comisión. Okada ha deplorado que los anteriores gobiernos no hubieran reconocido la existencia de los pactos, sellados en la década de los años 60 y 70.

El más controvertido es un "acuerdo tácito" que, según la comisión, permitiría el paso de buques de EE UU con armas nucleares por Japón, el único país que ha sufrido ataques nucleares y que mantiene los principios de no poseer, producir ni permitir armas atómicas en su territorio. "No podemos establecer claramente si se introdujeron armas nucleares. No podemos despejar esa duda", ha admitido Okada ante cerca de 200 periodistas que abarrotaban la sala.

Además del posible paso de armas nucleares, Tokio aceptó entonces que Washington utilizara sus bases militares en Japón sin consultarlo previamente en caso de una crisis en la península coreana, según la comisión. Los expertos también dieron por probado que en 1972, coincidiendo con la devolución a Japón de Okinawa -que permanecía bajo control estadounidense-, Tokio aceptó costear cuatro millones de dólares que en principio debía haber pagado Washington para la recuperación de tierras de esa zona dañadas por el uso militar.

En sus conclusiones, la comisión ha tachado de "deshonestos" a los anteriores gobiernos japoneses por no reconocer los pactos, algo "inaceptable bajo principios democráticos". El actual Gobierno nipón, liderado por Yukio Hatoyama, llegó al poder con la promesa de mantener una política más independiente respecto a Washington, su principal aliado en seguridad.

[Fuente: El País, Madrid, 09mar10]