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MANIFIESTO CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
PROPUESTA DE LA RED ESTATAL POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES (REDI
MADRID)
Organizaciones
sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad
internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para
quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central
de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes
la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que
atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más
vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales
regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero
especialmente contra la población migrante, tal y como fuera
denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su
Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio
de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al
Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona
gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y
autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de
reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado
con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy
alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La
futura ley profundizará en una visión de la inmigración como
problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a
criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún
más la situación del colectivo.
La nueva reforma
agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo
contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una
verdadera política estatal de integración social, que implique al
conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la
protección de las libertades y derechos de la población extranjera y
autóctona en el Estado español.
Las sanciones
contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando
privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus
derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto
sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el
mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas
administrativas que para un nacional no suponen más que una multa
económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su
detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días
(ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para
Extranjeros (CIE.) Un tipo de centros que ofrecen menos garantías
que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento
Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad
e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de
libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de
internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días,
supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no
aplicar en esta parte la Directiva de Retorno de la Unión Europea en
el Estado español.
Las personas
solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización
de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho
fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser
expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser
perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su
nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la
solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como
es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería
las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen
extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su
permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal
permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros.
Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna
infracción ni delito, con la finalidad de perseguir a terceras
personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de
vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones
contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida
habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al
que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La
amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la
población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria,
vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en
su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un
derecho básico reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en
el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras
residentes legales frente a las personas sin papeles a
las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la
precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas
migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que
contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo,
xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación
irregular.
Un derecho tan
básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia,
reconocido universalmente por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las
nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de
Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar
para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la
imposición de al menos 5 años de residencia en para poder
reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita
enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de
personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y
las abuelas significa también impedir que las redes familiares
puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas
puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que
se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto
de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la
condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de
la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo
violaciones flagrantes de los derechos del menor. El principal
interés que se trasluce no es el “interés superior del menor”
sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas
extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado
irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de
vulnerabilidad.
El derecho a la
justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de
su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las
pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos
para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la
defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con
orden de expulsión. En muchos casos no se podrá reunir la
documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de
expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa
reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata
de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones
gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de
denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la
persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen
verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de
violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un
expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que
denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas
denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y
trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables,
dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal
se archive por sobreseimiento provisional.
El proyecto
articula un esquema de nacionalismo económico propio de la
“preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión
utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las
necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una
condición básica de la integración social es la integración política
y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional
de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la
Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la
participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la
educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las
personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho
fundamental que tiene especial proyección y alcance también en
materia de integración social.
El Proyecto
establece medidas de control policial de las entradas y salidas de
las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al
derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y
salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control
policial.
Se olvida de
flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de
residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a
miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder
el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las
personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto
tampoco establece las bases para una regularización de las
trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio
existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para
el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo
denunciado:
MANIFESTAMOS
nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de
Extranjería que supone una grave regresión en los derechos
reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el
carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no
se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más
acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión
global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en
cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para
favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la
utilización de la crisis económica como justificación para aprobar
una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas
económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la
atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la
crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo
expiatorio.
EXIGIMOS la
retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e
instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las
disposiciones para establecer una política que restituya los
derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen
en el Estado español.
REDI MADRID
Septiembre 15 de
2009
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