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"Con
la excusa de combatir la inmigración clandestina, los gobiernos
están adoptando políticas represivas y expanden cada vez más las
fronteras de las naciones enriquecidas mediante centros de
detención, desalojos, expulsiones, y selección de la mano de
obra." (Extracto del Llamamiento sobre migración del Foro Social
Mundial Policéntrico de Bamako/Mali de enero de 2006).
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Los abajo firmantes,
TENIENDO EN CUENTA
1.- Que el actual régimen de fronteras y las leyes de extranjería
de España y demás países de
la Unión Europea son la
otra cara de la constante precarización de las condiciones de
trabajo, vida y recorte de derechos que sufre la ciudadanía europea en
su conjunto. Quienes han atacado y atacan derechos de la población
europea, son los mismos neoconservadores que conculcan derechos
humanos a los migrantes, sea promoviendo medidas xenófobas en el
reciente referéndum suizo, sea Sarkozy desatando una cacería de
familias y estudiantes migrantes para su expulsión de Francia,
situaciones típicas de épocas amargas de la Europa de los años 30 y 40
del pasado siglo, que creímos no volveríamos a ver más nunca.
2.- Que el refuerzo de medidas represivas en las fronteras va a
producir más muerte y más sufrimiento del que ya está produciendo.
Ante el hambre, la desocupación, la persecución y la guerra, la
migración es una salida legítima de supervivencia y dignidad humanas.
Lo que vive hoy el continente africano, así como los países
latinoamericanos, asiáticos y otros, es una consecuencia directa del
pasado colonial, de la actual explotación neo-colonial de sus
recursos naturales y de la aplicación de medidas neoliberales, que
han fomentado la pobreza, la corrupción y la guerra civil.
De lo anterior se desprende que los países europeos tienen una
deuda histórica con estas sociedades que debería traducirse en un
cambio radical en las políticas económicas y una justa y pronta
redistribución de la riqueza.
3.- Que las medidas recomendadas por los organismos internacionales
(FMI, OMC, BM), siguiendo las recetas del capitalismo neoliberal,
están profundizando la miseria y las desigualdades en el mundo,
favoreciendo los intereses de empresas transnacionales y grupos de
poder.
El problema no son los movimientos migratorios, sino un sistema
económico injusto e ilegítimo que acentúa como nunca en la historia de
la humanidad la diferencia entre ricos y pobres. Mientras esta
desigualdad estructural no se corrija, los migrantes son refugiados de
la guerra global del capitalismo contra la humanidad, y como tales
deben ser considerados para efecto de su status en los países de
acogida.
4.- Que la forma en que el gobierno, la oposición y gran parte de
los medios de comunicación están abordando el tema de los movimientos
migratorios, presentándolos como un peligro y ocultando o minimizando
los aspectos positivos para el conjunto de la sociedad, fomenta de
manera irresponsable el racismo y todas las formas de actitudes
xenófobas. Por el contrario, es responsabilidad del gobierno fomentar
la convivencia entre las diferentes comunidades mediante políticas
educativas y sociales encaminadas a evitar la segregación y el
racismo. No hay integración ni ciudadanía posibles sin garantizar el
pleno acceso a los derechos laborales, sociales y políticos para todas
las personas.
5- Que los Centros de Internamiento, la persecución y la
externalización de las fronteras, las expulsiones y demás medidas
represivas, son una clara violación de los derechos humanos de las
personas migrantes, entre otros, los de libre circulación, asilo, y el
de poder residir en el territorio de cualquier Estado.
El giro neoconservador de muchas democracias europeas, recortando
políticas sociales y aumentando programas represivos y discursos
alarmistas, propios de un estado de excepción que degrada nuestra
convivencia y ciudadanía en común, atenta contra los principios
fundamentales de un Estado de Derecho.
6.- Que a la fecha hay en todo el territorio del Estado español
alrededor de UN MILLON QUINIENTAS MIL personas a las que se les
está negando un status legal, perseguidas policialmente, condenadas a
vivir en condiciones infrahumanas, y obligadas a vender su fuerza de
trabajo en condiciones de sobre-explotación, servidumbre y total
inseguridad, sin que se les reconozcan sus inalienables derechos que
como seres humanos tienen.
El Estado español está obligado, no solo a reconocer, sino a
proteger y garantizar el derecho de asilo, el de libre circulación y
residencia, el derecho al trabajo, entre otros. De modo que la
regularización sin condiciones es el primer paso para garantizar sus
derechos laborales y combatir la explotación y la marginación de ese
significativo número de seres humanos.
7.- Que la lucha contra la precariedad y el recorte de derechos es
un camino que debemos recorrer juntos las y los trabajadores
inmigrantes y autóctonos. La irregularidad del mercado laboral
favorece a sectores económicos relacionados con la economía sumergida
con claras vinculaciones políticas, que afecta a todos los
trabajadores, inmigrantes o no, sometiéndolos, entre otros abusos, a
jornadas agotadoras de 14 y más horas, a hacer oficios no pactados, a
cambios arbitrarios en el horario de trabajo y salarios por debajo del
mínimo, como se evidencia en los sectores de la agricultura, de la
construcción y de los servicios, entre ellos con mucha crudeza,
hostelería, venta ambulante, prostitución y el de los servicios
domésticos.
En este último sector es altamente preocupante la situación de
explotación que sufren las mujeres, sometidas al Régimen Especial de
Servicio Doméstico, que desconoce derechos como el paro, accidentes
laborales e indemnizaciones, y a una desgarradora desconciliación
laboral y familiar, bastante alejada de la conciliación laboral y
familiar que tanto se pregona y que una y otra vez, tanto desde leyes
y reglamentos de extranjería, como desde disposiciones laborales
discriminatorias, les es sistemáticamente conculcada.
8.- Que también la población migrada en situación regular se
encuentra en un régimen de apartheid desde el punto de vista legal
como social y laboral.
MANIFESTAMOS
1.- Que respaldamos y hacemos nuestras las demandas contenidas en
el Manifiesto Internacional por los Derechos de los Migrantes que está
siendo firmado a nivel internacional, a saber:
- Por una
regularización incondicional a escala europea y la consecución de
igualdad de derechos para todos/as las/os migrantes.
- Por el cierre de todos los centros de detención en Europa y en todo
el mundo.
- Por el cese de
todas las deportaciones y del proceso de externalización de las
fronteras.
- Por el derecho a la
residencia con independencia de que se tenga o no contrato de trabajo.
2.- Que exigimos del gobierno español políticas justas, serias y
responsables que contribuyan a la solución de los desequilibrios
económicos y sociales en los países empobrecidos de todo el mundo,
exigiendo a los organismos económicos e internacionales como el
BM, FMI, OMC, Unión Europea, cambios radicales en sus orientaciones
económicas, entre ellas el acceder a la condonación de la deuda
externa de los países empobrecidos por efecto de tales orientaciones.
3.- Que denunciamos el deterioro del estado de bienestar,
así como la constante pérdida de
derechos que sufre la población trabajadora en su conjunto tras años
de recetas neoliberales y flexibilización laboral,
por lo que se están viendo afectados los servicios públicos y la
Seguridad Social no solo usados por las y los inmigrantes, sino por
el conjunto de la ciudadanía.
Exigimos la puesta en marcha de medidas urgentes contra la
precariedad que impliquen una distribución del trabajo y de la
riqueza, así como u reforzamiento de los servicios públicos y el
aumento en las prestaciones sociales, destacando políticas efectivas
que garanticen el derecho de todas las personas a una vivienda digna.
4.- Que exigimos el pleno derecho de los migrantes como ciudadanos
y ciudadanas a una vida digna en los países de acogida y el
respeto a todos sus derechos sociales, laborales y políticos, sin
condicionarlos a la reciprocidad con su país de origen. También el
cumplimiento de todos los Convenios Internacionales de protección de
los Derechos Humanos (derechos civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales, derecho a la paz y al medio ambiente, derecho
al asilo y al refugio).
5.- Que solicitamos al Estado español que suscriba
la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de
todas y todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
6.- Que requerimos la derogación de
la Ley de Extranjería y
la construcción de formas participativas, desde un nuevo marco
jurídico que garantice plenos derechos a todas las personas en razón
de su igualdad ante la ley.
7.- La exigencia al
Estado español de reconocer y garantizar el derecho de asilo, tal y
como lo establece la
Convención de Ginebra,
a toda persona que lo haya
solicitado “debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de
tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores,
no quiera regresar a él”,
incluyendo a las personas perseguidas por motivos de su opción sexual.
8.- Nuestro repudio al discurso político y mediático que
criminaliza a los inmigrantes, vinculando al Islam con terrorismo y al
inmigrante en general con la delincuencia.
9.- Que denunciamos la libre circulación de mercancías y capitales
mientras se niega o se restringe la libre circulación de las personas.
El reforzamiento de las medidas de
control de fronteras, ha derivado en una estrategia demencial de
militarización de las mismas (vallas, SIVE, FRONTEX) y del control de
las aguas territoriales de países africanos.
Lo único que han logrado es mantener el Atlántico y el Mediterráneo
COMO LA
MAYOR FOSA COMÚN DEL MUNDO, con cerca de 5000 muertes estimadas de
quienes intentaban la travesía, desde octubre de 2005 en que se
endurecieron las medidas de control.
10.- Que reiteramos que esas muertes son el producto de la
sistemática negación de visados en África por parte de los países de
la Unión
Europea, de los reglamentos para visados elaborados para hacerlos
imposibles de cumplir, como de los opacos acuerdos de externalización
y deportación con terceros países. Igualmente consideramos que el
Estado Español, cuando propicia las devoluciones y la represión de las
salidas desde los países de origen y/o transito, es corresponsable de
las violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas las
personas migrantes.
11.- La exigencia de que los 14 asesinatos cometidos contra los
migrantes africanos en la valla de Melilla a partir del 2005, las
indeterminadas desapariciones forzadas que se produjeron por las
arbitrarias y violentas devoluciones, deben someterse a
investigación, sus autores materiales y quienes acordaron tales
medidas juzgados y castigados, y los familiares de las víctimas
indemnizados.
12.- La exigencia de
que tanto el gobierno como las administraciones autonómicas y locales,
basados en el principio de solidaridad, provean oportunamente los
recursos necesarios para la atención de los inmigrantes, entre otros
un correcto funcionamiento de los centros de acogida y de los de
menores. Pedimos en especial, que se ocupen adecuadamente de los
inmigrantes procedentes de África, que se han visto obligados a
jugarse la vida al habérseles impedido el acceso a medios transporte
seguros y ejercer su derecho a circular libremente como lo hacen por
todo el mundo los ciudadanos europeos.
13.- Que exigimos al
gobierno español, como un paso previo para el reconocimiento de los
plenos derechos como ciudadanos de los inmigrantes, la
no imposición de sanciones de expulsión
para las personas que entran de forma irregular o devienen en
irregulares administrativamente, y la urgente anulación de las ordenes
de expulsión en vigor, máxime cuando muchas de ellas no son
ejecutables.
Asimismo pedimos que se facilite
documentación de identidad a los inmigrantes que carecen de ella y no
pueden acreditar su procedencia para obtener su inscripción y por
tanto su reconocimiento como ser humano, ya que el procedimiento
establecido en los artículos 34 de la Ley de extranjería y 107 del
Reglamento es prácticamente inviable.
14.- Vemos con gran
preocupación el giro negativo que se percibe últimamente a través de
las actuaciones y declaraciones del gobierno español, sobre sus
intenciones de llegar a un Pacto de Estado, para reforzar los aspectos
más negativos de su política de extranjería, como la posible
ampliación a 6 meses del periodo máximo de estancia en los Centros de
Internamiento, actualmente de 40 días; la insistencia en agilizar las
expulsiones; la intención de excluir nuevas regularizaciones
extraordinarias; la eliminación de la figura de arraigo social, entre
otras.
Primeros firmantes
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