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Jueves, 24 de agosto de 2006.
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En un “limbo legal” y
abandonados a su suerte. En esta situación permanecen los
inmigrantes irregulares trasladados a la península cuando
abandonan los centros de acogida una vez transcurrido un
plazo de 15 días, según denuncian ONG’s. “El traslado a la
península se realiza por imperativo humanitario, si (los
inmigrantes) no pueden ser devueltos a sus países de origen
por los motivos que sean no pueden ser abandonados a su
suerte. Siempre hemos dicho a la Administración que nos
parece insuficiente una acogida de 15 días y más tarde los
deje sin documentos, en un limbo legal”, señala a
El
Confidencial
Mauricio |
Valiente,
coordinador del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR).
“No obstante, este plazo es el
mínimo. Es poco pero ayuda a canalizar la primera acogida a estas
personas, a que se pongan en contacto con sus conocidos o
familiares”, añade.
La llegada a las islas Canarias
de más de 18.200 inmigrantes irregulares en lo que va de año ha
obligado al Gobierno ha redistribuirlos a otras comunidades dado el
colapso de los centros de internamiento del archipiélago. Pese a las
abultadas cifras, que prácticamente cuadriplican los datos de 2005
–en todo el año alcanzaron las islas 4.751 inmigrantes-, Mauricio
Valiente señala la necesidad de contextualizar esta llegada masiva
de ‘cayucos’.
“Lo primero que nosotros estamos
intentando es contextualizar la llegada de inmigrantes a Canarias.
Se está creando una alarma innecesaria. Anteriormente hubo
situaciones peores en Ceuta o Melilla, donde se dieron auténticas
crisis humanitarias. Hay una situación difícil pero tenemos
mecanismos que han permitido que no sea tan dura como en otras
ocasiones”, afirma.
Asimismo, los profesionales de la
abogacía también denuncian el limbo legal en el que viven los
inmigrantes irregulares tras abandonar los centros de internamiento.
“La realidad es que hay un vacío legal muy importante para esta
gente, un vacío legal absoluto. Vienen indocumentados para evitar la
repatriación y se quedan en España con una orden de expulsión que
nunca se puede ejecutar, una orden que no tiene sentido porque ni
siquiera su país les reconoce. Tan sólo se consigue repatriar a un
8%”, afirman desde el despacho MN Asociados Regula.
“La única opción que tienen es
esperar tres años para hacer un arraigo social. Sabiendo que
partimos de una situación que parte de una expulsión esta es una
situación nefasta. La única solución es una regularización”,
concluyen.
* Tomado de:
www.elconfidencial.com
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