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NO SOMOS TAN DIFERENTES DEL RESTO DE EUROPEOS
Alberto Montero Soler
Rebelión
Y es que, al menos
en lo que se refiere al tema de la inmigración, no podía ser de otra
forma por mucho que se siga pensando -y yo el primero- que “Spain is
different”. Debe de serlo para otras cosas.
Si el gobierno de
este país decidió en su momento votar a favor de la Directiva de la
vergüenza considerándola, en palabras de nuestro presidente del
Gobierno,
como un gran avance progresista, no es ni más ni menos porque
gran parte de la población de este país apoya el tipo de medidas que
bajo esa Directiva toman cuerpo.
Basta para sostener
esa afirmación con echarle un vistazo a los datos de
la última oleada del Barómetro del Instituto Elcano referidos a
inmigración.
Así, los resultados
de esa encuesta muestran que el 53% de la población cree que la
inmigración es buena y mala a la vez y un 10% considera que es
directamente mala frente al 36% que la considera beneficiosa.
Y la consideran
mala porque, por ejemplo, el 61% de los encuestados estima que los
inmigrantes saturan los servicios sanitarios cuando
un reciente estudio de la Fundación de Ciencias de la Salud
demuestra que éstos utilizan menos dichos servicios que la población
autóctona.
Además, la deben
considerar también mala porque tan sólo el 51% de los encuestados
estima que los inmigrantes colaboran al mantenimiento del sistema de
pensiones con sus contribuciones a la Seguridad Social. Al restante
49% le debe parecer poco el hecho de que
en los últimos años los inmigrantes hayan aportado a la Seguridad
Social casi 8.000 millones de euros anuales, el equivalente al
superávit de dicha institución para el año 2007. O de que, por
ejemplo, la relación entre cotizantes/pensionistas de los
extranjeros sea de 30 a 1 cuando entre los nacionales la proporción
es de 2,6 cotizantes por cada pensionista, es decir, que cotizan
pero no están cobrándolas aún.
Es más, el 36% de
los encuestados estima que los inmigrantes están quitándole sus
puestos de trabajo a los españoles.
Ante ese panorama
no es de extrañar que el 63% de la población apoye el retorno de los
inmigrantes legales en tiempos de crisis.
En ese sentido, el
gobierno no ha tardado en responder a la inquietud popular y el
pasado viernes, 18 de julio, aprobaba
el Plan de Ayuda al Retorno Voluntario para fomentar que los
inmigrantes legales regresen a sus países de origen. De acogerse
a ese plan, los inmigrantes cobrarían en dos plazos el monto
correspondiente a su subsidio de desempleo: un 40% antes de
marcharse y el 60% restante al mes de haber regresado a su país. Eso
sí, los trabajadores que se acogieran al mismo no podrán volver a
solicitar una autorización para vivir y trabajar en España hasta
transcurridos tres años de su salida.
¡No me negarán que
no es diligente este gobierno atendiendo al sentir popular! Y lo
peor es el cinismo de la vicepresidenta Fernández de la Vega cuando
presenta el plan como una medida que contribuirá al desarrollo de
los países de origen de los inmigrantes porque retornarán personas
cualificadas, con experiencia y con ciertos recursos para seguir
trabajando en su país de origen.
Se ve que, al menos
en lo que se refiere a cualificación, la vicepresidenta ignora que
un
estudio de la OCDE pone de manifiesto que España ocupa uno de
los primeros puestos en ese grupo de países en lo que a subocupación
de la población inmigrante se refiere. Esto es, el 43% de la
población trabajadora extranjera ocupa puestos de trabajo que están
por debajo de su cualificación, cuando en Europa esa tasa se sitúa
entre el 20 y el 25%.
Esa es la mano de
trabajo “cualificada” que pretendemos expulsar hacia sus países de
origen; la mano de obra que hemos infrautilizado aquí y que, por lo
tanto, más que adquirir y perfeccionar su cualificación habrá visto
como ésta se deterioraba.
Pero lo que a mi
modo de ver es más grave es que, además, el 40% de los encuestados
consideren que la inmigración ilegal debería ser tipificada como
delito al más puro estilo Berlusconi.
Debe ser ese sentir
casi mayoritario el que ha debido estimular a la firma de la
“Directiva de la vergüenza” al gobierno español en donde, si bien no
se tipifica la inmigración ilegal como delito, no se duda en
permitir el “encarcelamiento administrativo” de quienes carezcan de
papeles por un periodo máximo de 18 meses.
En fin, lo dicho:
Spain no es tan different y tenemos los gobernantes que nos
merecemos. Ni más ni menos.
Alberto Montero (amontero@uma.es)
es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes
ver otros textos suyos en su blog La
Otra Economía.
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