Por: José L.
Lobo.
El plan para incentivar el regreso a sus países
de extranjeros sin trabajo, anunciado por José Luis
Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, ha
fracasado estrepitosamente antes incluso de ver la luz. La
vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega,
aseguró el pasado viernes que el objetivo del plan, cuya puesta en
marcha se retrasa hasta septiembre, es "favorecer el desarrollo de
los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas".
Pero el verdadero propósito del Gobierno es bastante menos
altruista: maquillar las cifras del paro, recortar la factura de las
prestaciones por desempleo y reducir el impacto de la inmigración en
el gasto social. Sin embargo, el Ejecutivo se ha dado de bruces con
la realidad: una aplastante mayoría de inmigrantes prefiere cobrar
el paro en España y aguardar a que la crisis económica escampe antes
que regresar a un futuro más que incierto en sus países de
procedencia.El plan fue dado a
conocer por De la Vega al término de la última reunión del Consejo
de Ministros. Podrán acogerse a él los inmigrantes extracomunitarios
en situación legal que hayan perdido su puesto de trabajo y que, a
cambio de renunciar a su permiso de residencia y comprometerse a no
regresar a España antes de tres años, percibirán en dos únicos pagos
adelantados –el 40% ahora y el 60% restante ya en sus países– la
prestación por desempleo que les corresponda.
Pero el error de cálculo cometido por el
Gobierno ha sido mayúsculo, dejando al descubierto una falta de
previsión sin precedentes. Hasta el punto de que el ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho, llegó a anunciar hace
poco más de un mes que, según sus estimaciones, en torno a un millón
de inmigrantes extracomunitarios estarían dispuestos a volver a sus
países de origen. Corbacho incluyó en esa cifra desorbitada
–actualmente hay 2,1 millones de extranjeros no comunitarios
afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral– a los
familiares que dependen económicamente de los potenciales
beneficiarios del plan de retorno, que supuestamente acompañarían al
cabeza de familia en su viaje de regreso a casa.
Las cuentas, sin embargo, no cuadran.
Porque, según el último balance estadístico ofrecido por el propio
Ministerio de Trabajo, el pasado mes de junio había en España casi
185.000 inmigrantes no comunitarios sin trabajo, de los que unos
120.000 proceden de los 19 países con los que España ha firmado
convenios en materia de Seguridad Social, que son los únicos que
pueden acogerse al plan de retorno. Esos 120.000 inmigrantes en paro
son, en teoría, los únicos potenciales beneficiarios del plan. Pero
ni siquiera en el absurdo supuesto de que todos ellos, sin
excepción, decidiesen abandonar España, se alcanzaría la cifra
astronómica adelantada por Corbacho.
De ahí que De la Vega tuviese que
interpretar el pasado viernes, una vez más, su recurrente papel de
apagafuegos del Gobierno. Y que tratase de recomponer, sin
excesiva fortuna, los platos que Rodríguez Zapatero y Corbacho ya
habían roto. El primero, durante su discurso de investidura en el
Congreso, el pasado 8 de abril, se comprometió a incentivar el
retorno voluntario de los inmigrantes desempleados, bien pagándoles
el subsidio de paro de una sola vez o mediante la concesión de
microcréditos en condiciones ventajosas, un anuncio que pilló por
sorpresa al propio Ministerio de Trabajo, a los sindicatos y a las
asociaciones de inmigrantes, que no fueron consultadas previamente.
Más tarde, Corbacho aumentó la confusión al
asegurar en el Congreso, el 26 de mayo, que en julio estaría listo
el plan de retorno, completando el desaguisado al anunciar, ya en
junio, que un millón de inmigrantes se beneficiarían del mismo. Por
eso, De la Vega tuvo que dar la cara el viernes y reconocer que el
plan se aparcará hasta septiembre, que no habrá microcréditos y que
la cifra de inmigrantes desempleados que podrán acogerse a las
ayudas de retorno será de unos 100.000, aunque se apresuró a matizar
que "eso no significa que todos ellos vayan a solicitarlas".
Una decisión precipitada
Fuentes gubernamentales admiten en privado
que Zapatero se precipitó al anunciar las ayudas, puesto que ni
siquiera se elaboró un estudio previo sobre el volumen de
inmigrantes dispuesto a acogerse a la oferta, y que las cifras más
optimistas que maneja ahora el Ejecutivo apuntan a que ni siquiera
el 10% de los inmigrantes en paro se inscribirán, finalmente, en el
plan de retorno.
Una buena prueba de esa precipitación es que
el balance del único programa que ya existe en España para la
repatriación de inmigrantes no invitaba, precisamente, al optimismo.
En el periodo comprendido entre 2003 y 2004 tan sólo se acogieron a
ese plan de retorno voluntario –que gestiona la Organización Mundial
para las Migraciones– un total de 2.054 personas, que recibieron el
pasaje de avión para regresar a sus países y una pequeña ayuda
económica para costearse los primeros gastos.
Pero el plan que pretende impulsar ahora el
Gobierno ni siquiera incluye los gastos de viaje, que supondrían un
bocado considerable a la prestación por desempleo, sobre todo si el
beneficiario regresa a su país de procedencia en compañía de todos
los miembros de su familia. Por si fuera poco, los datos ofrecidos
por el Instituto Nacional de Estadística el pasado mes de mayo
ofrecen pistas muy claras de que el retorno no entra, por ahora, en
los planes de los inmigrantes: más del 80% asegura que tiene
intención de traer a su familia a España, y tan sólo un 7,7% afirma
que no contempla esa alternativa.
Además, todas las asociaciones de
inmigrantes cuestionan abiertamente el plan de retorno voluntario
del Gobierno, porque, a su juicio, los únicos potencialmente
interesados en recibir esa compensación económica serían los
inmigrantes que llevan al menos cinco o seis años en España y han
cotizado el tiempo suficiente, pero que, al haber adquirido
compromisos para el pago de una hipoteca o la compra de un coche,
tienen ahora mucho más difícil deshacerse de esas cargas.
"En el caso de los peruanos, yo creo que no
hay un deseo de volver al país a establecerse definitivamente, sino
sólo a regresar para visitar a sus familias; de hecho, yo no conozco
ningún caso", asegura Manuel Pinto, presidente de
la Federación de Peruanos. "Nosotros creemos que la solución no es
pedir el retorno de los inmigrantes, sino crear fuentes alternativas
de trabajo, porque hay diferentes sectores en los que los
inmigrantes aún pueden aportar", sostiene Patricio Rodríguez,
de la Unión de Empresarios Hispano-Ecuatorianos.
