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Resumen: Este
estremecedor relato de la paramilitarización del campo en el
lejano pero siempre hermano país de Paraguay es un presagio
y una advertencia de lo que puede ocurrir en México, y de lo
que está ocurriendo con las diferencias del caso. Ceder
tierra y territorio a las grandes empresas y a quienes
quisieran recrear el latifundio del siglo 19 es condenar a
millones de campesinos al exilio forzado o al envenenamiento
por agrotóxicos.
Introducción:
En este Boletín se presentan diversos registros de violencia
contra la población campesina e indígena en Paraguay que
tienen relación con el modelo agroexportador de la soya. En
muchas zonas de Sudamérica se han registrado escaladas de
violencia a consecuencia de la expansión de monocultivos de
soya. Con este texto no se pretende criminalizar el cultivo
de la soya, pero sí se propone analizar el modelo
agroexportador que aumenta la violencia al agravar el acceso
a la tierra.
Paraguay podría ser calificado como el país donde el
agronegocio toma la cara más cruel, desplazando y
violentando a la población rural con total impunidad. La
militarización y para-militarización del campo están
vinculadas a la ampliación y salvaguarda de los cultivos de
soya, que no crecen solamente sobre las tierras de los
latifundistas sino también, y en gran proporción, en la
superficie de las comunidades campesinas e indígenas. El
Centro de Documentación y Estudios (CDE) explica los
antecedentes del conflicto así: "En las colonias campesinas
se da un proceso de minifundización de las parcelas,
especialmente en aquellas más antiguas a causa del
crecimiento poblacional; a este hecho se le suma ahora el
desplazamiento compulsivo de los pobladores de las
comunidades campesinas, debido al avance de la agricultura
comercial o mecanizada".
Diversas misiones de observadores internacionales han podido
atestiguar la violencia que producen los monocultivos de
soya sobre la población rural paraguaya. En este sentido,
las conclusiones de la misión internacional de FIAN(1) y Vía
Campesina en el año 2006 fueron rotundas: "la expansión
desenfrenada del cultivo de soya causa hostigamientos,
ataques y asesinatos cometidos por cuerpos policiales,
parapoliciales y por grupos privados armados, en contra de
líderes campesinos/as".
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DATOS
PRINCIPALES:
País (nombre oficial) República de Paraguay
Capital Asunción
Superficie 406.750 km2
Población 5.734.139 (est. julio 2001) -
6.100.000 (2007)
Lenguas Español (lengua oficial), Guaraní
(lengua oficial)
Alfabetismo 92,1% total; 93,5% hombres; 90,6%
mujeres (est. 1995)
Religiones Católicos 90%, Menonitas y otros
Protestantes
Expectativa de vida Hombres: 71,44 años;
mujeres: 76,52 años (est. 2001)
Gobierno República constitucional
Moneda 1 Guaraní (G) = 100 centimos
Industria Azúcar, cemento, telas y tejidos,
bebidas, productos de madera
Agricultura Algodón, caña de azúcar, haba de
soya, maíz, trigo, tabaco, mandioca (tapioca), frutas,
verduras, carne de res, carne de cerdo, huevos, leche,
madera para construcción
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Así también
se ha denunciado frente a diversos organismos estatales y de
Derechos Humanos la existencia de escuadrones de la muerte dentro de
la Policía Nacional, responsables de la muerte de por lo menos 18
dirigentes campesinos que fueron ejecutados por estos grupos. En
otros casos, los asesinatos de líderes campesinos han sido cometidos
por las comisiones de seguridad ciudadana. A estas organizaciones,
que actúan como instrumento de represión y control social justo en
los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les
acusa de realizar prácticas totalmente ilegales tales como
desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la
libertad de expresión y de religión, contra quienes no aceptan su
orden.
La segunda expansión de la soya en Paraguay se da aproximadamente en
el 2000 con la introducción de la soya GM (genéticamente
modificada), y se refleja directamente en el aumento vertiginoso de
campesinos sin tierra en los últimos años, debido a que esta última
ola de expansión toma lugar principalmente en tierras campesinas, en
un momento en el que se han agotado las reservas de tierras
públicas. Al mismo tiempo, las comunidades que viven rodeadas de
monocultivos de soya son violentadas directa o indirectamente. La
práctica del "guardia armado", en los latifundios que rodean a la
comunidad, o los guardias del productor soyero que alquila tierras
dentro de la comunidad, conllevan la para-militarización del campo,
la corrupción de las fuerzas del orden y el acoso a los sectores
organizados de las comunidades.
Finalmente se debe atribuir otro tipo de violencia al modelo de la
soya: las muertes por envenenamiento, intoxicaciones masivas,
expulsiones "legales" de sus tierras, enajenación del territorio
nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial que
padece el país.
No se puede ignorar que en Paraguay la impunidad histórica de la que
gozan los latifundistas determina un clima benigno donde los
agronegocios puedan avanzar rápidamente. Esta es una de las
características inalienables de la atracción de inversores
extranjeros al país. La certeza de poder actuar impunes y de forma
mafiosa para establecer su negocio, en un territorio donde lo único
que importa es tener capital, no hay leyes ni ningún principio moral
que seguir. El giro de la dictadura a la democracia en los años 90
no ha mejorado ostensiblemente la situación de los derechos
humanos(2).
Desde 1989, año en que cayó la dictadura, han sido asesinados más de
100 dirigentes campesinos, de los cuales sólo un caso fue
investigado y su autor condenado; los demás permanecen en la
impunidad. La criminalización de la protesta es asimismo muy grave;
en el 2004 las organizaciones campesinas llegaron a registrar 1.156
detenciones siendo la población rural aproximadamente de 2,3
millones de personas(3). Es un registro alarmante si se considera
que en el mismo año en Brasil se dieron 421 detenciones en el campo,
donde la población rural alcanza los 32 millones.
Asesinatos selectivos.
Un informe publicado en el 2007 por la Coordinadora de Derechos
Humanos Paraguay (CODEHUPY) detectó en un censo preliminar 75
víctimas de ejecuciones arbitrarias desde 1989 hasta el 2005,
periodo supuestamente democrático en Paraguay. Estos casos no son
todos los que se han registrado pero son los que se han confirmado.
El censo del informe demuestra que la mayoría de los asesinados son
jóvenes varones, líderes de base, involucrados en la recuperación de
tierras para implementar asentamientos campesinos. La mitad de los
75 asesinados tenía entre 20 y 39 años y el 45 % no tenía tierra
propia. Así también el 66% de las víctimas eran dirigentes de base
y/o militantes, dado que estas personas son las que se encuentran
constantemente en las zonas de disputa por el territorio, son las
cabezas visibles de la resistencia campesina y por ello también los
sujetos más vulnerables. Según los propios autores, muchas de estas
ejecuciones arbitrarias estuvieron encaminadas a causar terror en
comunidades campesinas, a detener espirales de resistencia y
protesta social o a descabezar organizaciones de base. Estos
crímenes en la mayoría de los casos se pueden relacionar
directamente con la expansión de los monocultivos de gran escala. En
este caso la soya afecta en mayor grado a la población joven
campesina, ya que obstaculiza el acceso a la tierra, además genera
violencia contra las secciones de la población rural organizada.
Un detalle importante que cabe destacar es cómo la tasa de
ejecuciones aumenta significativamente desde el año 94. Desde ese
año se perpetraron 69 ejecuciones con un promedio de una cada 2
meses. Esta etapa coincide justamente con un aumento de la tasa de
expansión de soya hasta 150 mil has/año(4). En 1995 se cultivaban
800 mil hectáreas; en 2003 se llegó a 2 millones y en la actualidad
la soya cubre 2,4 millones de has.
Así también las regiones donde más ejecuciones se han dado coinciden
relativamente con las regiones donde se ubica la frontera de la
agricultura mecanizada. Guardias parapoliciales o sicarios fueron
los victimarios de 53 casos de ejecuciones, mientras que la policía
nacional cometió 22 ejecuciones.
Al analizar el informe se destaca el motivo de los crímenes que se
dan, tal como se mencionó antes, en el marco de un proceso de
adquisición de tierras por parte de una comunidad y donde los dueños
de la tierra, usando a policías o parapoliciales, llevan a cabo
emboscadas con el fin de asesinar a los líderes del movimiento
local. En las regiones de Itapúa y Alto Paraná estos asesinatos se
dan en un contexto de clara expansión de soya, tales como los casos
de Santa Fe del Paraná en Alto Paraná, cuando en el 2000 Francisco
Espínola, dirigente del campamento sin tierra "Santiago
Martínez"(5), fue asesinado por guardias sicarios del latifundio
alquilado por el brasileño William Welter. Posteriormente, en 2005,
otro dirigente, César Marcos Ferreira, es asesinado por la misma
causa. Estos casos reflejan claramente la violencia de la que es
víctima la organización Movimiento Campesino Paraguayo a raíz de su
lucha por lograr la expropiación de tierras alquiladas a soyeros de
forma irregular, según el Estatuto Agrario.
También se destacan los asesinatos de Isidro Gómez Benítez en 1995 y
de Víctor Díaz Paredes en el 2002 en la zona de Itapúa. Ambos
asesinatos ocurrieron en la ocupación de tierras de la empresa
Agrícola, Comercial, Industrial, Forestal, S.A. (ACIFSA), propiedad
de un brasileño llamado Bortolini. Igualmente Bortolini aparece
involucrado en el asesinato de 2 jóvenes en el 2004, Almir Brandt
Kurtz y Bruno Carlos Da Silva, ambos baleados por peones de un
latifundio en disputa.
El caso más reciente de asesinatos relacionados directamente con
monocultivos de soya es el de los campesinos asesinados en agosto de
2007 en San Vicente, Departamento de San Pedro, al norte de la
región oriental Paraguay. Este incidente demuestra claramente cómo
en la frontera de expansión de los cultivos mecanizados, los
latifundios soyeros van ahogando a la población, enajenándolos el
acceso a los recursos naturales. El día 18 de agosto, 4 campesinos
salieron de la comunidad para ir a cazar a su lugar habitual, un
monte ubicado dentro de un latifundio de 93 mil has, llamado
Agroganadera Aguaray, propiedad de Euvaldo de Araujo, brasileño que
vive en Sao Paulo. Este latifundio ha sido deforestado
mayoritariamente para implementar grandes monocultivos con rotación
de soya-RR con maíz o trigo. Los 4 campesinos fueron emboscados y
acribillados a balazos sorpresivamente por guardias del latifundio
que se habían apostado en un escondite construido con ramas a un
lado del camino. Los mismos guardias declararon a la policía que
habían cumplido órdenes de sus patrones.
Violencia en las ocupaciones de tierra.
Otro momento de violencia contra las organizaciones campesinas se da
en los desalojos. Aunque en Paraguay la mayor parte de las colonias
campesinas legalizadas existen gracias a la lucha y conquista de la
tierra por las organizaciones campesinas, se da un proceso continuo
de criminalización de estas acciones. El avance de los monocultivos
de soya es uno de los principales factores de agotamiento de la
tierra, e inaccesibilidad, por los altos precios que genera la
especulación inmobiliaria. Esto ha repercutido gravemente en la
violencia en los desalojos y la persecución a los sectores sin
tierra. El último paso ha sido la reforma del código penal que ha
determinado penas carcelarias de hasta 5 años y de carácter
insustituible, por los cargos de invasión de inmuebles.
Se penaliza con cárcel no tener tierra y luchar por adquirirla, en
un país donde casi el 30% de la población rural no tiene tierras.
Para colmo, el 10% de los que tienen más tierra poseen el 66, 4%, y
el 60 % de la población con menos tierra posee el 6,6%(6).
Según FIAN estos desalojos significan una violación grave del
derecho a alimentarse, el derecho a la vivienda y de derechos
civiles como el derecho a la integridad física, a la libertad y al
debido proceso de las personas afectadas.
La última campaña de ocupación de tierras de la Mesa Coordinadora
Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) en el 2006, se cobró
muchas víctimas y represalias. La organización movilizó durante un
mes a más de 10 mil personas para mantener 15 ocupaciones en todo el
país con el fin de alojar a 2000 familias sin tierra. Como
respuesta, se llevó a cabo una tremenda ola de represión y violencia
contra los campesinos. Los desalojos se iniciaron en Itapúa el 31 de
julio, cuando una comunidad fue desalojada por quinta vez después de
6 años de lucha, 40 familias fueron violentamente reprimidas y 5
miembros de la comunidad encarcelados por varios días. Esta
situación continuó el 9 de agosto cuando se reiniciaron los
desalojos de asentamientos nuevos y antiguos en Alto Paraná, Caazapá
y San Pedro. El desalojo de San Pedro tuvo un herido como saldo.
Así, la violencia culminó el 19 del mismo mes, cuando se reprimió a
más de 1.000 personas en una protesta en Caazapá, con el resultado
de 51 heridos. En esta ocasión se denunció que más de 200
manifestantes fueron duramente golpeados en un lapso de 2 horas.
Otro caso que se ha registrado en el Informe Alternativo de la
sociedad Civil sobre la situación de los Derechos Económicos
Sociales y Culturales (DESCs) en Paraguay, es el de los campesinos
sin tierra de la Comisión Vecinal "Tetaguá Guaraní", distrito de
Iruña y Naranjal, Departamento de Alto Paraná. Esta comisión vecinal
compuesta por 1.200 familias está, desde el 2003, luchando por el
acceso a 15.000 has de la propiedad de AGROPECO S.A., empresa que se
sospecha ha incorporado grandes extensiones de tierra pública bajo
su dominio y que además ha deforestado toda la superficie para
implementar el cultivo de soya, dos razones que son suficientes para
justificar la expropiación. Sin embargo el campamento de los
sintierra fue desalojado de forma violenta en tres oportunidades
durante el año 2004. En estas ocasiones la policía y los grupos de
civiles armados que trabajan para la empresa AGROPECO destruyeron
los cultivos de autoconsumo, quemaron los ranchos, alimentos y
víveres, camas, colchones, ropas y contaminaron pozos de agua con
basura y venenos.
Un ejemplo emblemático que demostró la frialdad y violencia de los
empresarios soyeros, es el de los asesinatos en el desalojo de la
comunidad de Tekojoja en el 2005, precisamente llamada "la trinchera
de la soya", en el distrito de Vaquería. Esta recuperación de
tierras mantenida por el Movimiento Agrario y Popular se inició en
el 2003, cuando frente a la venta masiva de lotes de tierra
campesina a los soyeros brasileños y la consecuente fragmentación de
la comunidad, el movimiento campesino decidió entrar y reocupar los
lotes malvendidos, o sea las derecheras, asentándose en 320
hectáreas. En los siguientes 3 años las familias sintierra sufrieron
3 desalojos, en los cuales se dio la participación de fiscales,
militares, policías y guardias armados de los soyeros. Sin embargo,
en ninguno de estos casos el fiscal contó con orden del juez de la
causa para proceder al desalojo, sino que los desalojos respondieron
siempre a actuaciones independientes de otros jueces locales en
clara relación de connivencia con los intereses agroempresariales.
En estos 3 desalojos se produjeron destrucción de los cultivos,
quema de las casas y robo del ganado. Pero es en el último desalojo
cuando se da el mayor grado de violencia. En esta operación
participaron 80 policías cascos azules y 40 policías de orden y
seguridad, contando con la presencia de 2 fiscales. Durante el
desalojo, Ademir Opperman, el soyero que disputaba las tierras
campesinas, junto con varios hombres fuertemente armados, entraron
en la comunidad con coches todo terreno, camiones y tractores,
robando, quemando y destruyendo las casas ante la mirada
complaciente de policías y fiscales.
El conflicto acabó con alrededor de 150 personas arrestadas,
incluyendo 60 niños. Opperman y sus hombres dispararon a un grupo de
campesinos, hiriendo a 5 de ellos y matando a Ángel Cristaldo, de 20
años y a Leoncio Torres, de 49 años. La Corte Suprema falló a favor
de la disputa de tierras de los campesinos, sentenció que no se
podían vender tierras del programa de Reforma Agraria a empresarios
extranjeros, sujetos que no son beneficiarios del Estatuto Agrario y
los lotes han sido adjudicados a los sintierra. Así también gracias
a la acción de la Pastoral Social de Caaguazú, se están
reconstruyendo 57 casas a las familias como parte de una
compensación por el atropello sufrido.
En la actualidad aún se mantiene el juicio por el doble asesinato.
Sin embargo, Ademir Opperman está prófugo de la justicia después de
que se le otorgó arresto domiciliario, encontrándose en prisión
únicamente uno de los guardias. El juicio ha sido suspendido en
varias ocasiones y ha sido severamente obstaculizado.
Violencia por defenderse de la fumigación.
El modelo de agricultura intensiva también utiliza otra herramienta
para desalojar y vaciar el territorio rural de su población: los
pesticidas son el arma oculta que va degradando las condiciones de
vida de las comunidades rurales, enfermando los cultivos, al ganado
y a las personas, hasta que el asentamiento se hace inaguantable y
las personas huyen para salvar su vida.
El caso más conocido de intoxicación provocada por fumigaciones en
plantaciones de soya es el de la familia Talavera Villasboa, del
Departamento de Itapúa. El 2 de enero de 2003, Silvino Talavera, de
11 años camino a casa, fue rociado con pesticidas por el productor
de soya Herman Schlender que se encontraba fumigando sus tierras.
Cuando el niño llegó a su casa, la familia, desconociendo lo
ocurrido, cocinó los alimentos que trajo Silvino, que también habían
sido fumigados. Unas horas después, la familia entera enfermó y
sufrió nauseas, vómitos y dolores de cabeza. Silvino, que había
absorbido directamente los pesticidas, tuvo que ser hospitalizado.
Cuatro días más tarde regresó del hospital, pero ese mismo día otro
productor de soya, Alfredo Laustenlager, fumigó su campo a tan sólo
15 metros del hogar de los Talavera Villasboa, haciendo caso omiso
del viento que transportaba los agrotóxicos. Tras esta nueva
fumigación, 3 hermanos de Silvino tuvieron que ser hospitalizados,
así como otros 20 vecinos. Silvino no soportó esta segunda
fumigación y falleció el 7 de enero de 2003.
El caso de Silvino es el más renombrado pero no es el único. La
prensa paraguaya publicó una serie de notas en abril de 2006 sobre
una comunidad campesina en Itapúa, donde nacieron 6 bebés con
malformaciones congénitas (anencefalia). Una investigación
periodística comprobó que "de las 57 familias que están dentro del
perímetro de afectación, 17 casas se encuentran en medio de cultivos
de soya y las 3 últimas mujeres que tuvieron sus bebés con
anencefalia se embarazaron en el lugar". Sin embargo, la
investigación del Ministerio de Salud publicó finalmente un informe
que concluyó que las malformaciones no tenían relación con los
agrotóxicos. Lo peculiar fue que el médico responsable de la
investigación se negó a firmar este documento.
Conclusiones.
En este trabajo se ha intentado enmarcar la situación de los
derechos humanos en relación al modelo agroexportador de la soya. Se
han presentado algunos casos que están documentados y son
representativos de la situación nacional, pero se han obviado muchos
otros donde la fuerza de las organizaciones no ha dado abasto para
documentar con suficiente rigurosidad.
La imposición del agronegocio y su inclusión a los mercados globales
ha profundizado las grietas en la sociedad paraguaya. La entrada de
este capital se ha convertido en una fuerza ingobernable que ha
acrecentado los niveles de corrupción y violencia contra la
población rural. El gobierno paraguayo, cómplice y participe de
estas operaciones, contribuye además criminalizando la pobreza y la
exclusión de la población desplazada a las ciudades.
Estos breves resúmenes deben dar pie para considerar que la
problemática social y ambiental consecuente de la producción de
cultivos comerciales como la soya, no se puede remediar con
soluciones técnicas, pues el conflicto excede la situación
medioambiental. Más bien aborda los marcos del conflicto armado, una
especie de guerra contra los campesinos. Se puede dilucidar que,
detrás de esta violencia, la estrategia implícita es vaciar el
territorio y luego volver a repoblarlo con población sumisa a este
nuevo poder. La sumisión de la nueva población tomaría forma a
través de créditos y la dependencia del mercado.
Se puede hablar de una guerra aunque sea una de tipo silencioso y
encubierto y que no sólo termina en muertos. Más de 20 millones de
litros de agroquímicos son esparcidos anualmente sobre el territorio
paraguayo y así, solo en 2004, 400 personas fueron registradas en el
Centro de Vigilancia de Intoxicación Aguda por Plaguicidas, del
Ministerio de Salud. Esta realidad es la que los países importadores
de soya y algunas grandes ONGs conservacionistas pretenden
invisibilizar o directamente ya han dejado de lado el anhelo por el
cambio, y sumisamente están conformando Mesas Redondas de Soya
Responsable con criterios banales sobre tecnicismos que no tienen
fundamento alguno. Por esta razón, en los dos encuentros de Mesas
Redondas que se han realizado, se han producido manifestaciones de
los sectores campesinos y ambientalistas para demostrar el rechazo a
estas tentativas de maquillaje corporativo.
En ambas ocasiones los movimientos sociales hicieron extensas
Declaraciones(7) que fueron desoídas por las ONGs involucradas,
aunque estas declaraciones no dejaban duda sobre la situación de
violencia que se vive y la imposibilidad de que el modelo de la soya
sea sustentable. Tal como un campesino de Santiago del Estero lo
mencionó en el 2005, "no se puede dialogar con el que está
apuntándote con un arma". De la misma forma, a los sectores
campesinos paraguayos se les hace imposible encontrar una vía de
diálogo con el sector económico que mueve los hilos de violencia
contra la población.
Notas
(1) FIAN, FoodFirst Information and Action Network, es la
organización internacional de derechos humanos que promueve y
defiende el derecho a la alimentación. Fundada en 1986, tiene
estatus consultivo ante la ONU.
(2) En Paraguay no se ha desarrollado ningún juicio por los crímenes
de la dictadura. Tampoco se ha indemnizado a víctimas, ni se han
investigado los enriquecimientos ilícitos durante el proceso
militar. En el Poder Legislativo se ha denunciado reiteradamente la
estimación de 12 millones de has de tierras mal adjudicadas a
"fieles" del ex dictador Stroessner.
(3) En noviembre de 2004 el gobierno decide sacar a los militares a
las zonas rurales para contener la ola de ocupaciones de campesinos
sin tierra. En febrero de 2005 se crearon 18 nuevos destacamentos
militares en el interior del país, especialmente en los
Departamentos de San Pedro, Concepción, Caazapá y Guairá,
precisamente zonas con mayor presencia de organizaciones campesinas.
(4) En Paraguay, la soya ha mantenido un promedio de 125 mil has/año
y representa un crecimiento del 191% durante el período
1995/96005/06.
(5) El asentamiento lleva el nombre de un dirigente del Movimiento
Campesino Paraguayo (MCP), asesinado en el Departamento de Caaguazú
en el 2001. Se sospecha que el asesinato está ligado a la
recuperación de tierras en un latifundio de la familia Oviedo.
(6) Según datos del Censo 2002, realizado por la Dirección General
de Estadísticas, Encuestas, y Censo. (7) Documento final del
Contraencuentro de Iguazú sobre los impactos de la soya y los
monocultivos, marzo de 2005, El Modelo de Desarrollo Irresponsable,
Insustentable y Antidemocrático en el Paraguay actual, junio de
2006.
Referencias bibliográficas
1. Maeyens, A. (2006). Soy expansion continues to trigger violent
evictions and repression amongst Paraguayan peasants, en:
http://www.aseed.net
2. Pilz, D., Quintín, R., Rodríguez, R., Villalba, R. (2004) La
lucha campesina (1990004), Área Sociogremial CDE, Asunción-Paraguay.
4. FIAN (2006). La Reforma Agraria en Paraguay, Informe de la Misión
Investigadora sobre el Estado de la realización de la Reforma
Agraria en tanto obligación de Derechos Humanos, en:
http://www.cviacampesina.org
5. Rulli, J. (2006) Peasant family in Paraguay condemned by
agrotoxins, en: Blog de la campaña Justicia para Silvino Talavera.
http://www.silvinotalavera.pyh.ca
6. CODEHUPY (2007) Informe Chokokue, Coordinadora de los Derechos
Humanos Paraguay.
7. Rulli, J. (2006) Historia del Movimiento Agrario y Popular.
Diversos artículos sobre le Movimiento Agrario y Popular, en:
http://www.lasoyamata.org
8. Amarilla, O., Gómez, I., Palau, M., (2006) Informe de la Sociedad
Civil sobre el cumplimiento del PIDESC en el contexto rural (2000 -
2005) BASE IS, CIPAE y Tierraviva.
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