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MANIFIESTO CONTRA LA REFORMA DE LA
LEY DE EXTRANJERÍA
PROPUESTA DE LA RED ESTATAL POR LOS
DERECHOS DE LOS INMIGRANTES (REDI MADRID)
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos
humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y
organizaciones profesionales, para quienes la
defensa de los derechos humanos constituye el eje
central de la construcción de cualquier sociedad
democrática y para quienes la actual la crisis es
fruto de una globalización neoliberal que atenta
contra los derechos y condiciones de vida de las
personas más vulnerables e impone la adopción de
políticas económicas y sociales regresivas y
represivas contra el conjunto de la población, pero
especialmente contra la población migrante, tal y
como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial
de la Migraciones en su Segunda Declaración de
Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros
aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva
reforma de la Ley de Extranjería que lesiona
gravemente los derechos y libertades de la
población extranjera y autóctona, por los motivos
que a continuación se exponen:
El
proyecto de reforma de la Ley redactado por el
Gobierno no ha sido consensuado con las
organizaciones sociales, siendo su resultado una ley
muy alejada de la realidad social de la inmigración
en el país. La futura ley profundizará en una visión
de la inmigración como problema eminentemente
policial, contribuyendo, de esta forma, a
criminalizar a las personas de origen extranjero y a
precarizar aún más la situación del colectivo.
La
nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de
persecución, sanción y castigo contra personas
extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una
verdadera política estatal de integración social,
que implique al conjunto de la sociedad, y que
efectivamente se oriente hacia la protección de las
libertades y derechos de la población extranjera y
autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son
desproporcionadas, contemplando privaciones de
libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus
derechos fundamentales y manteniendo el
desproporcionado e injusto sistema de sancionar con
expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho
de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas
administrativas que para un nacional no suponen más
que una multa económica, para una persona extranjera
pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días
(ampliable hasta 74 días), en un Centro de
Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de
centros que ofrecen menos garantías que las cárceles
y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo
y el Defensor del Pueblo por las condiciones de
precariedad e indefensión a las que se ven sometidas
las personas privadas de libertad en su interior.
Además, el aumento del periodo de internamiento de
40 días, como contempla la actual ley, a 60 días,
supone la violación del compromiso adquirido por el
Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de
Retorno de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE,
sufrirán una penalización de 14 días más de
privación de libertad por ejercer su derecho
fundamental a pedir refugio en el país, ante la
posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y
tener temores fundados a ser perseguidas por sus
opiniones políticas, su religión, su raza, su
nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se
criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan
esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con
la nueva reforma de la Ley de Extranjería las
personas que inviten y acojan en su casa a personas
de origen extranjero que, por los motivos que sean,
decidan continuar su permanencia en el Estado
español más allá de la estancia legal permitida,
podrán ser multadas con hasta 10.000 euros.
Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha
cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en
muchos casos, se encuentran en situación de
vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona
extranjera que no resida habitualmente en su
vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que
se verán sometidas las personas hospitalarias y
solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el
empadronamiento de la población extranjera y la
obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el
derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en
su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el
acceso a un derecho básico reconocido por la propia
Constitución Española.
La
insistencia en el proyecto de Ley por reconocer
derechos a las personas extranjeras residentes
legales frente a las personas sin papeles
a las que se niega servicios y ayudas sociales,
aumentará la precariedad, desprotección y
vulnerabilidad de las personas migrantes con menores
recursos y oportunidades. Situación que contribuirá
a favorecer fenómenos de marginación social,
rechazo, xenofobia y racismo contra las personas
extranjeras en situación irregular.
Un
derecho tan básico para cualquier persona como es el
derecho a vivir en familia, reconocido
universalmente por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente
amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto
de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes
restricciones a la reagrupación familiar para
aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años
y la imposición de al menos 5 años de residencia en
para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas
familias y facilita enormemente que se puedan dar
situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus
familiares. Por otro lado, limitar el derecho a la
reagrupación de los abuelos y las abuelas significa
también impedir que las redes familiares puedan
seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El
tratamiento que se da a las y los menores
extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma
de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima
la condición de extranjero sobre la de menor,
haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos
del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones
flagrantes de los derechos del menor. El principal
interés que se trasluce no es el “interés
superior del menor” sino la obsesión por
expulsar del país a cuantas más personas extranjeras
mejor, cuando ningún menor debe ser considerado
irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a
una situación de vulnerabilidad.
El
derecho a la justicia gratuita que asiste a toda
persona, independientemente de su origen, se verá
perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas
documentales que acrediten la falta de recursos
económicos para la designación de un abogado de
oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de
las personas rechazadas en aeropuertos o con orden
de expulsión. En muchos casos no se podrá reunir la
documentación necesaria antes de vencer el plazo de
devolución y de expulsión, con lo cual quedará
vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la
Constitución.
El
Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a
los recursos judiciales ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, frente a las
resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía
administrativa en materia de denegaciones de
entrada, devolución o expulsión, al exigir que la
persona inmigrante declare formalmente su intención
de recurrir.
No
se establecen verdaderas garantías para las mujeres
indocumentadas víctimas de violencia de género, ya
que se obliga a la iniciación de un expediente
sancionador a aquellas mujeres en situación
irregular que denuncien estos hechos ante la
policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así
mismo, se supedita la autorización de residencia y
trabajo a que los procedimientos penales resulten
favorables, dejándolas en situación de desamparo
cuando el procedimiento penal se archive por
sobreseimiento provisional.
El
proyecto articula un esquema de nacionalismo
económico propio de la “preferencia del español ” y
consagra y refuerza la visión utilitarista de la
inmigración, al seguir conectándola con las
necesidades de la situación nacional de empleo.
Se
olvida que una condición básica de la integración
social es la integración política y el acceso a la
ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional
de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art.
13 de la Constitución, el Proyecto no establece
avances reales para la participación política de las
personas inmigrantes.
El
Derecho a la educación no obligatoria de mayores de
18 años se restringe a las personas extranjeras
“residentes”, quebrando así un derecho fundamental
que tiene especial proyección y alcance también en
materia de integración social.
El
Proyecto establece medidas de control policial de
las entradas y salidas de las personas extranjeras
no comunitarias, con grave afectación al derecho a
la intimidad, ya que el registro policial de
entradas y salidas se vendría a configurar como un
sistema ordinario de control policial.
Se
olvida de flexibilizar los casos y supuestos para
obtener la autorización de residencia temporal,
dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de
personas, y sin poner remedio a la práctica de no
conceder el permiso de autorización y residencia por
arraigo social a las personas extranjeras que tengan
una orden de expulsión.
El
Proyecto tampoco establece las bases para una
regularización de las trabajadoras y trabajadores
sin papeles que de modo notorio existen en el
Estado español y que se ven cerradas las puertas
para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una
reforma de la Ley de Extranjería que supone una
grave regresión en los derechos reconocidos a la
población de origen extranjero, profundizando en el
carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa
de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad
de la inmigración, atendiendo a una visión global de
la misma en cuanto a las causas de las migraciones y
en cuanto a las responsabilidades que tiene la
sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica
como justificación para aprobar una “ley
populista” que no va a resolver los graves
problemas económicos y de desempleo del país y que
sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas
reales y los verdaderos responsables de la crisis,
convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo
chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma
de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a
las Cortes españolas a que adopten las disposiciones
para establecer una política que restituya los
derechos humanos y la dignidad de las personas
migrantes que residen en el Estado español.
REDI MADRID
Septiembre 15 de 2009
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