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Algunos ciudadanos se encuentran
sometidos a una serie de normas legales diferentes a las del resto
de personas por razón de su origen. La Ley de Extranjería, desde su
primera versión de 1.985 ha establecido requisitos cada vez más
difíciles, alejados de la realidad social y en ocasiones imposibles
de cumplir a quien pretenda establecerse legalmente en España.
Además, se han multiplicado los
controles de documentación arbitrarios, las detenciones
discriminatorias, el internamiento y las expulsiones en condiciones
que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en
materia de asilo y Derechos Humanos.
Mientras las condiciones de vida
de los ciudadanos migrantes son cada vez más difíciles, las
administraciones siguen primando la inversión en políticas de
control frente al gasto social. Los últimos cambios legislativos han
ido dirigidos a evitar la entrada, dificultar la permanencia y
facilitar la expulsión de las personas migrantes que se encuentran
en España, en vez de destinar recursos a la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos, migrantes o no, cada vez más
precarias.
Junto a ello, proliferan los
discursos que tratan la inmigración y a los inmigrantes como “un
problema”. Se trata al inmigrante como enemigo peligroso,
delincuente, probable terrorista, invasor… y de esta forma se
fomenta en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la sensación
inseguridad, con el objetivo de asegurarse una población dócil y
sumisa, a disposición de trabajar en peores condiciones que la
población autóctona.
El racismo institucional fomenta
racismo social y produce la marginación de la población migrante en
el plano legal, laboral, social, educativo, de vivienda, etc.,
permitiendo y aumentando la explotación laboral.
En este sentido, el Estado
Español no es una excepción dentro de Europa. Las políticas
migratorias de la UE, a la vez que se centran en la lucha contra la
inmigración “ilegal”, tratan de promocionar las migraciones
regulares y temporales, subordinadas a las necesidades del mercado
de trabajo europeo, demostrando una concepción puramente
utilitarista e instrumental de la inmigración. No se tienen en
cuenta las profundas desigualdades económicas, injusticias sociales,
hambrunas y guerras, origen de los actuales procesos migratorios. Y
de esta forma se niega a millones de personas el derecho humano
elemental de buscar una vida digna independientemente de su lugar de
nacimiento.
Esta política degrada y envilece
al conjunto de la sociedad. Por ello desde la convicción racional y
ética de la igualdad de las personas y la universalidad de los
derechos, las organizaciones y personas que suscribimos este escrito
afirmamos el DERECHO A TENER DERECHOS de las personas migrantes. Con
este objetivo y mientras seguimos trabajando para la necesaria
derogación de la actual Ley de Extranjería, exigimos al próximo
GOBIERNO DE ESPAÑA la adopción de las siguientes
12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las
migrantes:
A) REGULARIZACIÓN
INMEDIATA Y GARANTÍAS A LA RESIDENCIA Y VIDA FAMILIAR
1.- Nuevo
proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo
Apertura de un
proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y
trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan
en el territorio español, sin condicionarlo a la exigencia de un
contrato de trabajo previo, a fin de terminar con la explotación
laboral y la corrupción que conlleva dicha exigencia.
2.- Adaptación a la
realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social:
- reducción a un
año el tiempo de estancia exigido
- que el hecho de
tener una orden de expulsión por causas administrativas no sea un
impedimento para obtener el arraigo
- no subordinación
de su concesión a la posesión de un contrato de trabajo
- eliminación de
los requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el
certificado de penales de nacionales de países sin embajada en
España) o que signifiquen discriminación o un trato degradante para
el inmigrante (como determinadas pruebas médicas).
- facilitar de la
regularización de personas con hijos nacidos en España.
3.- Flexibilización
de los requisitos para acogerse al arraigo laboral
Otorgamiento del
arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba
válido en derecho acredite existencia de una o varias relaciones
laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.
4.-Flexibilización
de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar
adaptándolas a la realidad del mercado laboral y de vivienda de
España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en
familia, así como el derecho a trabajar de los familiares
reagrupados.
5.- Garantía de los
derechos laborales y de vida familiar de los trabajadores
temporeros contratados en origen. Establecer una política de
contratación estable que garantice la igualdad de derechos, la
reagrupación familiar y la posibilidad de residencia estable en
Europa. Creación de comisiones independientes de investigación y
control del cumplimiento de los derechos laborales hasta que esto
suceda.
6.- Aumento
significativo de los recursos para garantizar el acceso a la
información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites
administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación,
homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia
real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así
corresponda.
B) CESE DE LOS
ABUSOS POLICIALES Y LA DISCRIMINACIÓN
7.- Cierre de los
Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones
independientes de investigación y seguimiento (formada por
organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre
definitivo.
8.- Derogación del
Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las
repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o
marítima.
9.- Orden inmediata
de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles
de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las
expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el
caso de los menores de edad.
Asimismo,
prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie
irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas,
así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra
cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de
Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.
C) IGUALDAD PLENA
DE DERECHOS
11.- Cumplimiento
inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por
España es materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes
y firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
12.- Garantizar el
derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes,
así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y
culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos. |
